Mientras España entierra todavía a sus más de 43.000 víctimas del Coronavirus, sus instituciones y contrapoderes sufren como nunca el ataque a su independencia de la que realmente depende nuestra democracia. La justicia es en España, el último bastión de la democracia.

Esta semana hemos asistido a un nuevo ataque de la independencia judicial por parte del ejecutivo. El Coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido destituido por negarse a filtrar al Gobierno la investigación  judicial sobre el 8M llevada a cabo por la jueza Carmen Rodríguez Médel.

La jueza, que ha dado muestras en su biografía que no se casa ni se arruga ante nadie, pues se llevó por delante a Cristina Cifuentes en su investigación sobre su máster fraudulento, imputó al Delegado del Gobierno en Madrid por permitir el 8M pese a los muchos informes y alertas que pedían su suspensión. En el curso de estas investigaciones, la jueza pidió expresamente a la Guardia Civil que actuaba como cuerpo de policía judicial, que la investigación se llevara a cabo en el más estricto secreto y las conclusiones e informes se le entregaran a ella exclusivamente. Por esta razón, ni siquiera el Coronel destituido había tenido acceso a los informes de la investigación en cumplimiento de lo ordenado por la propia Jueza instructura de la causa. A pesar de ello y hasta en 3 ocasiones Pérez de los Cobos recibió llamadas de sus superiores inquiriendo información sobre la investigación, a lo que el Coronel se negó, esgrimiendo precisamente el cumplimiento del atestado judicial. La última llamada que recibió Pérez de los Cobos fue la de la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, para pedirle nuevamente el contenido del informe sobre el 8M. «Es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que la Guardia Civil está entregando a la jueza”, le dijo Gámez al coronel. Él contestó que la ley prohíbe que la Policía Judicial entregue el contenido de la investigación a cualquiera que no sea el juez. Ni yo, que soy el superior de esos agentes que trabajan como Policía Judicial para [la jueza] Rodríguez-Medel, debo saber qué investigan. ¿Cómo puedo informar de algo que desconozco?», añadió Pérez de los Cobos, de quien dependía el grupo investigador ya que ocupaba la jefatura de la Comandancia de Madrid.

Tras la nueva negativa del Coronel y en esa misma llamada la Directora General le comunicó su cese inmediato. Gámez le dijo entonces que estaba cesado por “no articular los mecanismos adecuados para que el Ministerio esté informado”. La directora del cuerpo -un cargo político- le explicó que la decisión había sido tomada por la “cúpula del Ministerio» del Interior.

Apenas 24 horas después, los números 1 y 3 de la Guardia Civil dimiten ante lo que consideran una descarada venganza hacia el Coronel solo por cumplir las órdenes judiciales y lo que la ley le obliga. Lo más triste del asunto es que, una vez el citado informe llegó a manos de la Abogacía del Estado, éste fue filtrado no sólo al Ministerio del Interior sino a los medios afines, en concreto al diario El País. A partir de ese momento todo el aparato mediático fue dirigido a desprestigiar el informe y muy especialmente a presionar a la Jueza. Editoriales y titulares de toda la prensa mediática de izquierda (casi toda en la actualidad) atacaron tanto el informe como la actuación judicial.

FUERTES CRÍTICAS DE ASOCIACIONES Y JURISTAS

Todas las asociaciones de la Guardia Civil han protestado indignadas por el cese fulminante de Pérez de los Cobos, malestar que el Gobierno ha intentado acallar con la repentina subida de sueldo por valor de 247 millones de euros, subida salarial que en su día fuera aprobada por el PP en el marco de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y a la que el PSOE y Podemos se habían opuesto hasta la fecha, subida desbloqueada de forma repentina e improvisada mal y pronto en el BOE en un tosco intento de acallar el profundo malestar del cuerpo de la Guardia Civil ante la destitución de uno de sus mandos más emblemáticos y queridos.

Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), declaraba a este respecto que Marlaska “debe saber que esa interferencia es un quebrantamiento grave de la normativa ética, deontológica y profesional que debe inspirar la actuación de un ministro de Interior”.   Y como la APM, todas las asociaciones judiciales han criticado duramente este comportamiento que sin duda afecta al principio de independencia judicial.

LOS MUERTOS DEL 8M

El estudio demoscópico de la empresa Sociométrica para el diario El Español es tajante. La gran mayoría de los españoles cree que las manifestaciones feministas del 8 de marzo así como el resto de eventos que se celebraron ese día  debían haberse suspendido y creen que se debe exigir responsabilidades a los cargos políticos que tuvieron la responsabilidad de hacerlo y con ello la solución para evitar los contagios y muertes masivas que se derivaron de aquellos actos, celebrados justo en el momento en que el virus corría ya como la pólvora por España, especialmente por su capital.

Con los datos en la mano, cerca del 71% de los ciudadanos encuestados contesta de manera afirmativa a la cuestión de si debía de haberse suspendido la gran marcha feminista del 8-M por las calles de la capital de España. Llama incluso poderosamente la atención de que más de la mitad de electores del partido de Pablo Iglesias consideran que debía de haberse cancelado dicho evento.

Como ya hemos dicho en anteriores artículos y es público y notorio, el Gobierno recibió varios avisos por parte de la OMS y de las autoridades de la UE, en concreto del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades que ya en febrero advirtió a Simón de lo que se venía encima, y más importante aún, de la necesidad de suspender eventos masivos para controlar la propagación del virus. Paralelamente el propio Ministerio de Sanidad junto con el Delegado del Gobierno en Madrid, ahora imputado por permitir el 8M, se reunieron con diversas asociaciones que iban a celebrar eventos mucho más modestos en la capital para que no lo hicieran esgrimiendo la necesidad de cortar la expansión del virus, pero en estas reuniones insistían en que la decisión debía constar como si fuera de la propia organización y no de Sanidad. Así ocurrió por ejemplo en la reunión que el 5 de Marzo el ministro Illa y Fernando Simón mantuvieron con representantes de la Iglesia Evangélica, los cuales tenían previsto organizar un evento para 8.000 personas. Tanto Illa como Simón presionaron para suspenderlo. De hecho, Simón les prohibió, directamente, celebrar su convención: «Tenéis que suspender el evento. No se puede celebrar bajo ningún concepto, estamos en plena pandemia internacional». Precisamente en su informe del 8-M, la Guarda Civil reprueba a los responsables del Gobierno por haber prohibido determinados eventos, como el abordado en la citada reunión, y, sin embargo, haber autorizado el mayor de todos 48 horas después: las manifestaciones feministas del Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, el médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en un informe solicitado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel afirma que “Es cierto y seguro que, de haberse impedido la manifestación del 8-M en Madrid, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”.  Rodríguez-Medel solicitó al forense que, en caso de responder afirmativamente a esa cuestión, especificase si la existencia de ese riesgo era científicamente notoria con carácter previo a las manifestaciones celebradas o cuándo lo fue.

La jueza Rodríguez Medel mantiene la imputación del delegado del Gobierno por permitir «77 reuniones multitudinarias», destacando el 8M, a pesar de que el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades emitiera el 2 de marzo de 2020 un informe sobre el riesgo de contagio de Covid-19 donde desaconsejaba las mimas.

LO QUE NOS JUGAMOS ES MUCHO MÁS

La esencia de la democracia no es el sufragio universal sino la separación de poderes. Y es precisamente uno de ellos, el Poder Judicial, el último escudo y defensa del ciudadano ante un estado aprendiz de totalitario. Dictadores como Hitler o Maduro fueron inicialmente elegidos por sufragio pero sojuzgaron los poderes haciendo que el ejecutivo se hiciera y confundiera con el legislativo y el judicial convirtiéndose todos ellos realmente en uno solo. El cuarto poder, no menos importante en este juego de contrapesos, los medios de comunicación, también resulta esencial para que un ejecutivo avance hacia un totalitarismo disfrazado de democracia. Los golpes de estado y la revoluciones modernas no se llevan ahora a cabo mediante sangre y fuego sino mediante la paulatina usurpación de los contrapesos del poder ejecutivo, de ahí la extraordinaria importancia de tener un Poder Judicial lo más independiente posible. Como muestra de lo que es una revolución moderna, tenemos el camino de Maduro en la Venezuela asesorada por los que hoy se sientan en el Consejo de Ministros en España. Maduro usurpó el Parlamento, se hizo con el Poder Judicial asegurándose jueces afines y cerró todos los medios de comunicación que le fueran “desleales”.

La designación de una “hooligan” socialista recién salida del gabinete ministerial como Fiscal General del Estado ya fue una grave intromisión y ataque a la independencia del poder judicial, no en vano hoy en día, buena parte de las instrucciones las lleva a cabo el aparato judicial fuertemente jerarquizado y a cuyo mando se encuentra la ex ministra socialista, la misma que se encargó de cesar a Edmundo Val como Abogado del Estado antes de que empezase el juicio por rebelión (perdón, sedición) de los líderes independentistas y ahora socios de Gobierno de Sánchez. También en este contexto resulta de vital importancia la intromisión que el ejecutivo ha hecho esta misma semana, entorpeciendo la labor de la policía judicial y destituyendo a un alto mando de la misma solo por el hecho de hacer cumplir la orden judicial del secreto de sumario y ahí es donde el cuarto poder, bien regado de subvenciones y adjudicaciones de licencias a dedo, es donde resulta necesario para articular, de cara a la opinión pública, un relato que justifique lo injustificable.

Miren qué cuarto poder tenemos en este país que, por ejemplo, apoya mayoritariamente la mentira de que esta pandemia ha costado la vida a 27.127 españoles en lugar de los más de 43.000 que representa la simple suma de las cifras oficiales dadas por la Comunidades Autónomas y que el Ministerio de Sanidad recorta. Cifra que además coincide con la estimación hecha por el sistema MOMO dependiente del Ministerio de Sanidad, el mismo que nos miente descaradamente a la cara en algo tan doloroso y sensible como los fallecidos por el COVID-19. Ya lo dijo Alfonso Guerra, en nuestro país Montesquieu ha muerto y vamos camino de enterrarle. El PSOE no es desde luego el único responsable de haber llegado a esta situación, lo es también el PP que ha tenido en sus manos asegurar una independencia judicial que sin duda ahora anhela. El proyecto Gallardón que finalmente se tiró a la basura, porque no le interesaba en ese momento al PP, defendía que los jueces eligieran a las jueces al margen del ejecutivo, consiguiendo así que los políticos sacaran sus sucias manos del Poder Judicial. Ni le interesó entonces al PP ni mucho menos le interesa ahora al PSOE y menos aún a su socio de Gobierno, asesor de la dictadura de Maduro y que por tanto tan cómodo se siente con la injerencia y con la toma del control de los otros tres poderes que aseguran la salud de una democracia que ya en España languidece.

 

 

 

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